CONCLUSIONES DE RECIENTE CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA EN BRASILIA
Edwin Vegas GalloMagistrado
Vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura
En Brasilia se realizó la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, reunión que congregó a los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos o Superiores de Justicia y de los Consejos de Judicatura o Magistratura de 20 países latinoamericanos; además de Andorra, España y Portugal; con el tema “Modernización, Seguridad Jurídica, Acceso y Cohesión Social: La Justicia Preparándose para el Futuro”.
La Declaración de Brasilia recoge una serie de principios, tendentes a la construcción del espacio iberoamericano, articulado a partir de la democracia con desarrollo social, económico y ecológico; con respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley como garantía fundamental de convivencia pacífica y respeto mutuo.
De allí que corresponde al Poder Judicial del Perú una importante cuota de responsabilidad, sobre todo en garantizar la seguridad jurídica, como instrumento de desarrollo para el país, máxime ahora con el grado de inversión alcanzado.
En esta declaración se reconoce también que la “seguridad jurídica no implica inamovilidad del criterio jurisprudencial, ni limita la independencia del juez, ni va en detrimento de la equidad de la decisión”. Por tanto, se hace necesario que las decisiones de los jueces se tomen de acuerdo con criterios jurídicos preestablecidos y sean públicamente conocidas, apuntando a la previsibilidad de aquéllas.
Obligaciones
El concepto está ligado principalmente al desarrollo económico, brindando seguridad a la inversión privada. Sin embargo, considero que el objetivo de aplicar este concepto vinculado al liberalismo, no sólo debe privilegiar el desarrollo económico, sino también favorecer el desarrollo social; con la resolución de conflictos y el desarrollo ecológico para el uso sustentable y conservación de los recursos naturales. Modelo conocido como desarrollo sustentable.
Sobre el desarrollo sustentable y seguridad jurídica, ya el Simposio Mundial de Jueces 2002 reafirma este compromiso en concordancia con la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio; señalando los jueces del mundo: “No debemos escatimar esfuerzo alguno para liberar a todos los hombres y mujeres, y sobre todo a nuestros hijos y nietos, del peligro de vivir en un planeta al que las actividades humanas han causado daños irreparables y cuyos recursos no son ya suficientes para satisfacer sus necesidades”.
En los principios de Johannesburgo se afirma que sólo un poder y un proceso judicial independiente son decisivos para la ejecución, desarrollo y aplicación coercitiva del derecho ambiental, y que los miembros del PJ, así como quienes contribuyen al proceso judicial, a escala nacional, regional y mundial, son asociados imprescindibles para promover el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sustentable, incluidos los objetivos de Desarrollo del Milenio.
Corresponde al Poder Judicial una importante cuota de responsabilidad, sobre todo en garantizar la seguridad jurídica como instrumento de desarrollo para el país, máxime ahora con el grado de inversión alcanzado.
Pronunciamiento
Es el Estado quien debe garantizar en primer término la seguridad jurídica, que implica el funcionamiento adecuado de la totalidad del ordenamiento jurídico de un país, con pleno respeto a las reglas preestablecidas y a los mecanismos de su modificación, así como que esta garantía sólo se consigue con el esfuerzo coordinado de los diferentes poderes públicos, correspondiéndole al Poder Judicial una importante cuota de responsabilidad en la articulación y eficacia de la misma.
La seguridad jurídica es un valor democrático indispensable no sólo para el desarrollo económico de los pueblos, sino básicamente para la estabilidad y la cohesión social.
La seguridad jurídica no implica la inamovilidad de los criterios jurisprudenciales, no limita la independencia del juez, ni va en detrimento de la equidad de la decisión, es necesario que los jueces juzguen según criterios normativos preestablecidos y públicamente conocidos y, a la vez, expongan en sus sentencias las razones que fundan las decisiones que, de acuerdo con el derecho vigente, estiman justas para cada caso.
Labor del CNM
En el Consejo Nacional de la Magistratura, desde 2005 en concordancia con el Poder Judicial y el Ministerio Público, existe un programa a escala nacional orientando a los magistrados en la promoción de los objetivos del desarrollo sustentable, mediante la aplicación del imperio de la ley y del proceso democrático.
El objetivo es mejorar la capacidad de quienes participan en el proceso de promover, ejecutar, desarrollar y aplicar coercitivamente la ley, tales como magistrados, fiscales y personal auxiliar, para que realicen sus funciones sobre una base bien fundamentada con la especialización, la información y los materiales necesarios.
En este sentido, es que los magistrados tienen que comprender que la seguridad jurídica debe ser el pilar de la sustentabilidad de los sistemas naturales, con vistas a erradicar la pobreza paradojal del país, poseedor de los ingentes recursos naturales, pero sin valor agregado.
