La decisión política y voluntad del Gobierno peruano de conducir con un espíritu de “apertura y diálogo” la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, cuyas mesas de trabajo “estarán abiertas a todos”, ratificó la ministra de Justicia, Rosario Fernández, en esta ciudad europea.
Fue durante su presentación ante la segunda sesión del Examen Periódico Universal (EPU), organizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar la situación de los derechos humanos en el mundo.
“No existe ningún ánimo de persecución contra las organizaciones de derechos humanos”, enfatizó la autoridad, quien explicó, además, que en el Perú la democracia se encuentra en franco proceso de consolidación, lo que evidencia la existencia de un pleno estado de derecho que permite la vigencia irrestricta de estos derechos en toda nuestra República.
Si bien reconoció que aún subsisten desafíos para lograr una sociedad peruana más justa e incluyente, la ministra enfatizó también la voluntad del Gobierno de no excluir, sino más bien de incluir a todos los actores –públicos y privados–, manteniendo un diálogo permanente con ellos.
La ministra Fernández destacó igualmente el compromiso del Perú de consolidar un marco normativo sólido en esta materia. De ahí, agregó, que se creará una mesa de trabajo, a fin de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos.
Existe el compromiso del Gobierno peruano de consolidar un marco normativo sólido en materia de derechos humanos.
Trato directo en penales
Durante la presentación, Fernández expuso sobre su trabajo directo en los penales con los internos, en el que aborda su problemática mediante un mecanismo de trabajo en grupos. Este sistema, refirió, le permite conocer directamente y sin intermediarios la realidad y necesidades de los presos, lo que ha hecho posible lograr un diálogo sostenido con ellos, a quienes responde personalmente sus pedidos, cartas y llamadas telefónicas en el propio penal o a través de sus colaboradores más cercanos.
Este método, además, le ha permitido llevar a cabo un proceso distinto en la evaluación para la dación de indultos, mediante un programa basado en el despacho directo en cárceles de la Comisión de Indultos, que no espera la llegada de los expedientes a sus oficinas, sino que los busca y elabora en el propio penal y en presencia de los presos, atención directa que destierra cualquier atisbo de corrupción.
Destacó, además, su voluntad de llevar adelante la ejecución del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria 2008-2017, aprobado por el Consejo de Ministros, como un aspecto fundamental de atención a los derechos humanos en las cárceles.
Acciones inmediatas
En cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú, Fernández explicó que se dará prioridad en remitir los informes nacionales pendientes de presentación a los diversos órganos que vigilan el cumplimiento de los tratados universales de Derechos Humanos.
Al respecto, agregó que como resultado del diálogo anunciado, se espera crear en un futuro cercano, el mecanismo nacional de visitas a centros de detención de conformidad con la obligación contraída al ser parte del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Tortura. Fuente: El Peruano.
Fue durante su presentación ante la segunda sesión del Examen Periódico Universal (EPU), organizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar la situación de los derechos humanos en el mundo.
“No existe ningún ánimo de persecución contra las organizaciones de derechos humanos”, enfatizó la autoridad, quien explicó, además, que en el Perú la democracia se encuentra en franco proceso de consolidación, lo que evidencia la existencia de un pleno estado de derecho que permite la vigencia irrestricta de estos derechos en toda nuestra República.
Si bien reconoció que aún subsisten desafíos para lograr una sociedad peruana más justa e incluyente, la ministra enfatizó también la voluntad del Gobierno de no excluir, sino más bien de incluir a todos los actores –públicos y privados–, manteniendo un diálogo permanente con ellos.
La ministra Fernández destacó igualmente el compromiso del Perú de consolidar un marco normativo sólido en esta materia. De ahí, agregó, que se creará una mesa de trabajo, a fin de implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos.
Existe el compromiso del Gobierno peruano de consolidar un marco normativo sólido en materia de derechos humanos.
Trato directo en penales
Durante la presentación, Fernández expuso sobre su trabajo directo en los penales con los internos, en el que aborda su problemática mediante un mecanismo de trabajo en grupos. Este sistema, refirió, le permite conocer directamente y sin intermediarios la realidad y necesidades de los presos, lo que ha hecho posible lograr un diálogo sostenido con ellos, a quienes responde personalmente sus pedidos, cartas y llamadas telefónicas en el propio penal o a través de sus colaboradores más cercanos.
Este método, además, le ha permitido llevar a cabo un proceso distinto en la evaluación para la dación de indultos, mediante un programa basado en el despacho directo en cárceles de la Comisión de Indultos, que no espera la llegada de los expedientes a sus oficinas, sino que los busca y elabora en el propio penal y en presencia de los presos, atención directa que destierra cualquier atisbo de corrupción.
Destacó, además, su voluntad de llevar adelante la ejecución del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Penitenciaria 2008-2017, aprobado por el Consejo de Ministros, como un aspecto fundamental de atención a los derechos humanos en las cárceles.
Acciones inmediatas
En cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Perú, Fernández explicó que se dará prioridad en remitir los informes nacionales pendientes de presentación a los diversos órganos que vigilan el cumplimiento de los tratados universales de Derechos Humanos.
Al respecto, agregó que como resultado del diálogo anunciado, se espera crear en un futuro cercano, el mecanismo nacional de visitas a centros de detención de conformidad con la obligación contraída al ser parte del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Tortura. Fuente: El Peruano.
